En el contexto de la compraventa de vehículos, los vicios ocultos son defectos o desperfectos graves que no son evidentes a simple vista en el momento de la compra y que afectan significativamente al uso o valor del vehículo. Estos defectos deben haber existido antes de la venta y ser de tal magnitud que, de haberlos conocido, el comprador no habría adquirido el vehículo o habría negociado un precio inferior.

Plazos de reclamación:

1. Entre particulares: El plazo para reclamar por vicios ocultos es de 6 meses desde la entrega del vehículo. Este plazo es de caducidad, lo que significa que no puede ser interrumpido, salvo en situaciones excepcionales.
2. Entre un consumidor y un profesional (concesionario): La normativa de protección al consumidor ofrece garantías adicionales. En estos casos, el plazo de reclamación puede ser mayor, dependiendo de las condiciones específicas de la venta y las garantías ofrecidas.

Procedimiento para reclamar:

Detección del defecto: Al identificar un posible vicio oculto, es recomendable obtener un informe pericial que certifique la existencia y naturaleza del defecto, así como su preexistencia a la compra.

Notificación al vendedor: Comunicar por escrito al vendedor la existencia del defecto, adjuntando el informe pericial y solicitando una solución, ya sea la reparación del vehículo, una reducción del precio o la resolución del contrato.

Negociación: Intentar llegar a un acuerdo amistoso con el vendedor para resolver el problema.

Acción legal: Si no se alcanza un acuerdo, se puede interponer una demanda judicial. Es aconsejable contar con asesoría legal especializada en este tipo de reclamaciones.

Jurisprudencia relevante:

El Tribunal Supremo ha establecido criterios sobre los requisitos que deben concurrir para que proceda la acción por vicios ocultos. Por ejemplo, en la Sentencia de 3 de marzo de 2000, se define el vicio oculto como «aquel defecto o imperfección que la hace inapropiada para el uso que por naturaleza le es propio o que disminuye este uso con clara referencia a la finalidad de la cosa».

Es fundamental actuar con diligencia y dentro de los plazos establecidos para proteger sus derechos como comprador. La asesoría de un profesional del derecho puede ser crucial para el éxito de la reclamación. Puede contactar con abogado especialista Jesús Giménez Morejón, despacho@jesusgimenezabogado.com

La modificación de las medidas definitivas establecidas en una sentencia de divorcio es un procedimiento judicial que permite ajustar dichas medidas cuando se producen cambios significativos en las circunstancias de las partes involucradas. El Tribunal Supremo ha establecido que, para que proceda esta modificación, deben concurrir ciertos requisitos:

1. Cambio cierto y relevante: Debe existir una variación real y significativa en las circunstancias que motivaron las medidas originales.
2. Carácter permanente: El cambio debe ser duradero, no meramente temporal o transitorio.
3. Imprevisibilidad: La alteración de las circunstancias no debe haber sido previsible en el momento en que se dictaron las medidas iniciales.
4. No buscado intencionadamente: El cambio no debe ser consecuencia de una acción deliberada de la parte que solicita la modificación.

Estos criterios han sido reiterados en diversas sentencias del Tribunal Supremo, como las de 17 de enero de 2019 y 17 de febrero de 2019, donde se enfatiza la necesidad de un cambio cierto, relevante y de cierta permanencia para justificar la modificación de las medidas establecidas.

Es importante destacar que la simple discrepancia con las medidas originales o cambios menores en las circunstancias no son suficientes para solicitar una modificación. El procedimiento requiere demostrar que las nuevas circunstancias afectan de manera significativa las condiciones bajo las cuales se establecieron las medidas iniciales.

En cuanto al procedimiento, si ambas partes están de acuerdo con la modificación, pueden presentar un nuevo convenio regulador para su aprobación judicial. En caso de desacuerdo, la parte interesada deberá interponer una demanda de modificación de medidas, aportando pruebas que acrediten el cambio de circunstancias alegado.

Es recomendable contar con asesoramiento legal especializado para evaluar la viabilidad de una solicitud de modificación de medidas y para guiar el proceso judicial correspondiente, puede informarse a través del abogado Jesús Giménez Morejón, despacho@jesusgimenezabogado.com, teléfono 956 53 51 27

Cuando una pareja de inquilinos se divorcia, es fundamental determinar quién continuará como titular del contrato de arrendamiento de la vivienda familiar. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece procedimientos específicos para estos casos, y el Tribunal Supremo ha emitido sentencias que clarifican su aplicación.

Procedimiento según la LAU:

Atribución del uso de la vivienda: En casos de nulidad matrimonial, separación judicial o divorcio, el cónyuge no arrendatario puede continuar en la vivienda arrendada si así se le asigna en la resolución judicial correspondiente. Si la atribución es permanente o por un período superior al tiempo restante del contrato de arrendamiento, dicho cónyuge se convierte en el nuevo titular del contrato.

Notificación al arrendador: El cónyuge que desee subrogarse en el contrato debe comunicar su intención al arrendador dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución judicial, adjuntando una copia de dicha resolución o la parte que afecte al uso de la vivienda. Esta comunicación debe realizarse de forma fehaciente, preferiblemente mediante burofax o conducto notarial.

Sentencias del Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo ha abordado casos relacionados con la subrogación en contratos de arrendamiento tras la separación o divorcio de los inquilinos. Por ejemplo, en la Sentencia de 20 de julio de 2018, se analizó si la arrendadora de una vivienda podía oponerse a la subrogación en el contrato por parte del cónyuge no arrendatario. El Tribunal concluyó que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la LAU, la subrogación es válida y el arrendador no puede oponerse.

Consideraciones adicionales:

Plazos y formalidades: Es esencial respetar los plazos y formalidades establecidos por la LAU para evitar la extinción del contrato de arrendamiento. La falta de notificación al arrendador en el plazo de dos meses puede resultar en la pérdida del derecho a subrogarse en el contrato.

Obligaciones del nuevo arrendatario: El cónyuge que se subroga en el contrato asume todas las obligaciones derivadas del mismo, incluyendo el pago de la renta y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

En resumen, tras la separación o divorcio de una pareja de inquilinos, el cónyuge a quien se le atribuya el uso de la vivienda puede convertirse en el titular del contrato de arrendamiento, siempre que se sigan los procedimientos y plazos establecidos por la LAU. Las sentencias del Tribunal Supremo refuerzan la necesidad de cumplir con estos requisitos para garantizar la continuidad en el uso de la vivienda arrendada, estaremos encantados de facilitarle el asesoramiento en nuestro despacho por el especialista en familia, divorcios y separaciones Jesús Giménez Morejón Abogado teléfono 617484080 – 956 535127, en Chiclana de la Frontera

En España, los accidentes de tráfico son una realidad cotidiana, y una de las situaciones más complejas para las víctimas ocurre cuando el vehículo responsable no cuenta con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. En estos casos, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) desempeña un papel crucial, permitiendo a las víctimas reclamar indemnizaciones por lesiones y daños sufridos.

¿Qué es el Consorcio de Compensación de Seguros?

El Consorcio de Compensación de Seguros es un organismo público que, entre otras funciones, se encarga de garantizar indemnizaciones en situaciones excepcionales donde no es posible recurrir a una aseguradora convencional. Entre sus responsabilidades, el CCS cubre los daños ocasionados por vehículos sin seguro, robados o no identificados.

¿Qué Cobertura Ofrece el Consorcio en Caso de Lesiones?

El Consorcio garantiza el derecho a reclamar indemnizaciones por:

• Lesiones físicas o psicológicas.
• Gastos médicos derivados del accidente.
• Pérdidas económicas relacionadas con la incapacidad laboral temporal o permanente.

Pasos para Reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros

1. Recopilar la Documentación del Accidente
   • Asegúrate de obtener el atestado policial del accidente, que debe incluir detalles como las circunstancias del siniestro y la identificación del vehículo sin seguro.
   • Recopila informes médicos que acrediten las lesiones sufridas y su evolución.
2. Notificación al Consorcio
   • Debes presentar una reclamación formal ante el CCS. Este trámite puede realizarse en línea o en sus oficinas físicas.
   • Acompaña tu reclamación con todos los documentos relevantes: atestado, informes médicos, facturas de gastos médicos y cualquier otro justificante relacionado con las pérdidas económicas sufridas.
3. Evaluación de las Lesiones
   • El CCS podrá solicitar una evaluación médica para determinar el alcance de las lesiones y el importe de la indemnización.
4. Resolución y Pago
   • Una vez evaluada la solicitud, el Consorcio determinará el importe de la indemnización y realizará el pago correspondiente.

¿Cómo se Calcula la Indemnización?

La cuantía de la indemnización por lesiones se determina según el Baremo de Indemnizaciones por Accidentes de Tráfico, que establece compensaciones en función de factores como:

• La gravedad de las lesiones.
• Los días de incapacidad temporal.
• Secuelas permanentes.
• Impacto económico y personal derivado de la incapacidad.

Plazos para Reclamar

Es fundamental actuar con rapidez, ya que el plazo para presentar una reclamación por daños personales derivados de un accidente de tráfico es de un año desde la fecha del accidente o desde la estabilización de las lesiones.

Asesoramiento Legal

Reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros puede ser un proceso complejo, especialmente si hay disputas sobre las circunstancias del accidente o la cuantía de la indemnización. Contar con un abogado especializado en accidentes de tráfico puede marcar la diferencia al garantizar que todos los pasos se sigan correctamente y maximizar la compensación recibida.

Sufrir un accidente de tráfico con un vehículo sin seguro es una situación complicada, pero las víctimas no están desprotegidas gracias al Consorcio de Compensación de Seguros. Este organismo permite reclamar indemnizaciones justas, asegurando que las víctimas puedan recuperarse tanto física como económicamente. Con la documentación adecuada y el asesoramiento legal oportuno, es posible obtener la compensación necesaria para afrontar las consecuencias del accidente.

Si necesitas más información o asesoramiento sobre este tema, no dudes en consultarnos.